Empiezo diciendo que no he estudiado la bendita ley y solo conozco algunos de sus detalles, por tanto no puedo opinar en estricto sobre ella. Me interesa más bien traer a debate el fondo del asunto, los derechos laborales. Ese marco teórico intocable al que nadie puede cuestionar sin riesgo de ser llamado 'facho' o esclavista. Pero hay que hacerlo, aún cuando algunos crean que tienen el monopolio del bien y la buena voluntad para con los trabajadores. 

Empecemos por lo evidente, según datos del INEI solo el 25,7% del empleo es formal en este país, con lo que podemos decir que solo 1 de cada 4 está protegido por la legislación laboral, obviando la representación de los trabajadores públicos en la masa formal para no hacer la proporción más ridícula. ¿Razones? Simple y llano, la informalidad es más barata, no hay que ser una lumbrera de la economía para caer en ello, todos sabemos que el Perú es Jauja para quienes disfrutan pasándose la ley por el forro porque aquí no se fiscaliza nada ni a nadie. ¿Tendrá Suiza un inspector laboral en cada esquina? No, las cosas no funcionan así. Si bien todos estamos de acuerdo en que hay que mejorar la fiscalización, la realidad es que aunque tuviésemos a Otárola cada día en el trabajo lo más probable es que no tuviésemos chamba dado que los draconianos costos laborales le impedirían al empleador contratarnos. Catorce sueldos anuales, CTS, utilidades y una indemnización por despido de un sueldo y medio por año trabajado ahuyentan hasta al más valiente, sobre todo si estás tratando de emprender con un pequeño negocio. Las leyes han de dirigirte hacia la formalidad, hacerla atractiva de un modo razonable y sobre todo viable, todo lo contrario a lo que sucede aquí.

Con ello no digo que se deseche toda protección al trabajador, hemos de buscar un punto intermedio entre la flexibilidad laboral y la estabilidad; y no empeñarnos en la defensa de un sistema que a todas luces no funciona. La reducción de los costos laborales es uno de los elementos primordiales para empezar, a ello se tienen que sumar incentivos fiscales y otras medidas que procuren productividad e innovación en el mercado laboral. Muchos dirán que ello equivale a la renuncia de derechos, pero pocos se atreverán a fundamentar la legitimidad de aquello que exigen. Pensemos por ejemplo en las gratificaciones, ¿no sería más justo acaso que se paguen bonos de producción en su lugar? ¿cuál es el fundamento para exigirle al empleador un sobresueldo que no ve recompensado? 

No pretendo convencer a nadie, solo escuchar posiciones diferentes a la mía y hacer de esto un ágora para todo aquel que quiera participar y compartir con nosotros lo que piensa.