Daniel se ubicaba todas las mañanas en la misma esquina de la plaza de su ciudad desde hace ya unos cuantos años para ganarse la vida. La compra y venta de dólares era su negocio, siempre supo de los peligros de su oficio pero el miedo no da de comer. Como cada tarde después de sus labores recogía a su madre del trabajo en una motocicleta, de repente, su rutina se vio interrumpida por tres hombres a cara descubierta cerrándole el paso camino a casa. No dijeron nada, le descerrajaron tres tiros en la cabeza ante la impotencia de su madre para llevarse su dinero. Los peligros a los que él no temía lo habían alcanzado. 

Según el último Estudio Global sobre el Homicidio realizado por la UNODC, el 31% de los homicidios a nivel mundial ocurren en América Latina y el Caribe; y ello ha derivado en que el 28% de la población latinoamericana crea que la inseguridad es el problema más preocupante de la región. Los números dan cuenta de una realidad innegable: Los Estados de Derecho en América Latina son débiles frente al crimen y se ven desafiados constantemente por él. El Perú obviamente no es ajeno a esta realidad y la creciente inseguridad en el país ha encendido ya todas las alarmas. Desde 2007, el índice de homicidios no ha parado de crecer, de los 2.943 en dicho año a 7.086 homicidios en 2011.

Ante tal situación urge hacer una introspección y ubicar los puntos débiles de la estrategia del Estado en su lucha contra el crimen. Por ello quiero plantear algunas cuestiones que me parecen especialmente relevantes, señalar deficiencias y por qué no, apuntar algunas sugerencias.

Los cuerpos de seguridad 

El crimen no puede combatirse con una policía deficitaria, el país necesita tener un cuerpo policial con los recursos humanos y técnicos suficientes para hacer frente a la delincuencia y lamentablemente hoy el Perú no cuenta con ello. En cuanto a los recursos humanos se refiere podemos citar un reciente informe realizado por la propia institución3 que da cuenta de sus carencias e ilustra su estado con el ejemplo de la Región Lima, que alberga a 9’395.149 personas –casi un tercio de la población del país– y que sin embargo cuenta solo con 22.877 agentes de policía, es decir, hay 1 policía por cada 410 habitantes, mientras la ONU recomienda una proporción de 1 por cada 250. Sólo en esta región del país hay un déficit de más de 14.700 agentes. El panorama es igual de desalentador si hablamos de recursos técnicos.

Así pues, queda en evidencia la precaria situación de una institución llamada a dar batalla contra el crimen y a la que muchas veces la opinión pública exige resultados que no están a su alcance; y no por una ausencia de esfuerzos sino más bien de medios. Llegados a este punto es importante reparar en que siendo esta la situación de la policía en la región más habitada del país no es difícil imaginarse el panorama en las demás regiones, más todavía si se tienen en cuenta las dificultades que tiene el Perú para descentralizarse.

El gobierno de turno ha dispuesto medidas para reducir el déficit de agentes, ampliando hasta 7.000 las plazas de éste año para las 25 Escuelas de Policía que existen en el país, un esfuerzo que sería mezquino no reconocer pero que me temo no es suficiente, pues hemos de tener en cuenta que la incorporación de los nuevos agentes –cuyo número sería recomendable ampliar– no será efectiva hasta dentro de tres años, momento en el que terminen su formación. Y que incluso cuando lo hagan seguirá habiendo un déficit importante. Por ello es necesario potenciar las medidas que como esta, buscan resultados a largo plazo, pero sin olvidar que las de efectos inmediatos tienen igual o más importancia. Entonces es cuando la reducción del déficit de recursos logísticos se presenta como primera opción en pro de elevar la eficiencia de los agentes con los que ya se cuenta. Una inversión que obviamente supone un gran esfuerzo económico para el país; según el congresista Octavio Salazar –ex Ministro del Interior y ex Director de la Policía– el monto alcanzaría los S/.3.400 millones de soles ($1.243 millones de dólares aproximadamente), pero que hoy el Perú podría permitirse gracias a las rentas que ha obtenido de una prolongada etapa de crecimiento económico; y más todavía si tenemos en cuenta que las inversiones de este tipo se dosifican a lo largo de un determinado periodo.

Es preciso además poner en agenda una medida a mi juicio vital para fortalecer los cuerpos de seguridad del Estado: La profesionalización de la policía municipal. Los actuales cuerpos de seguridad local carecen de formación para las labores que tienen encomendadas y la selección de sus miembros suele tener criterios desorganizados cuando las tiene. Debido a esta falta de instrucción no se les permite llevar armas de fuego y consecuentemente se ven indefensos ante la mayoría de las manifestaciones de violencia con las que lidian a diario. De este modo, los policías municipales terminan siendo muchas veces una suerte de retén de poca utilidad para la seguridad ciudadana ya que ni siquiera tienen una estrategia coordinada junto al cuerpo de policía nacional. Por tanto, sería de utilidad replicar experiencias como la española, la italiana o la francesa, que han acoplado exitosamente los cuerpos de seguridad local con los de ámbito estatal. Creando academias de policías locales bajo determinadas circunscripciones, encargadas de formar a futuros agentes que se encargaran de cuestiones primarias como la seguridad ciudadana, el tráfico urbano, custodia de entidades públicas y cuestiones administrativas; aligerando así enormemente las obligaciones que hoy cumple la policía nacional y buscando siempre un marco legal idóneo que sea capaz de compatibilizar ambos cuerpos de seguridad.

El sistema penitenciario 

El sistema penitenciario peruano es dirigido desde 1985 por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE); un organismo público descentralizado que en teoría debe asegurar una política penitenciaria adecuada para la reinserción del reo a través de la vigilancia y la administración de las cárceles. Lamentablemente, esta también es una institución que se ve ahogada por sus responsabilidades mientras observa impotente su incapacidad para hacerles frente.

Podría llevarnos mucho tiempo enumerar los problemas que tiene el INPE en la actualidad, por ello será mejor centrarse en los generadores de esta paupérrima situación: el hacinamiento y la corrupción.

La infraestructura penitenciaria en el Perú solo tiene capacidad para alojar a 29.043 reos, una cifra ínfima si tenemos en cuenta que el Perú tiene más de 30 millones de habitantes. Sin embargo, la población carcelaria a día de hoy es de 64.418 reos y está creciendo a un ritmo de vértigo, pues en los dos últimos años el número de presos ha crecido en un 32%4. El hacinamiento termina siendo así el origen del desorden en el que termina campando el descontrol y la corrupción de los funcionarios, un defecto que termina echando por tierra uno de los principales objetivos de la aplicación del Derecho Penal: la resocialización de los reos. Es obvio que esto no puede alcanzarse en un panorama como este, en el que los ingresos a prisión no son más que una condena a vivir en medio del caos y un peligro latente, en un ambiente degradante que ningún ser humano merece. Por ello urge ampliar la infraestructura penitenciaria del país para reducir la sobrepoblación que el sistema está sufriendo y paralelamente mejorar la existente, en pro de recuperar la seguridad y procurar unas condiciones mínimas de habitabilidad para los reos, pero sobre todo, para recuperar aquella noción que perdimos hace ya algún tiempo, que la reinserción a la vida pública es posible tras cumplir condena, siempre y cuando hayamos dispuesto los medios para ello.

En cuanto a la corrupción, podemos decir sin miedo a equivocarnos que gran parte de ella es una consecuencia lógica derivada del caos que provoca el hacinamiento, el mismo que es aprovechado por malos efectivos para aceptar sobornos a cambio de mil y un prestaciones ilícitas. Por ello, es consecuente creer que la reducción del hacinamiento terminará dándonos un orden que hará posible mejorar la fiscalización y las condiciones laborales de los trabajadores penitenciarios. Esta medida no solucionará el fenómeno en toda su dimensión y por ello el órgano encargado de dirigir el sistema penitenciario (INPE) deberá desarrollar estrategias paralelas que reduzcan los índices de corrupción en el mismo, como procurar vías de denuncias eficaces, crear órganos exclusivos de fiscalización o emprender acciones de inteligencia para descubrir a funcionarios corruptos. 

La puesta en marcha de las medidas hasta ahora citadas nos permitirán remodelar el sistema penitenciario, en el que debemos de ir introduciendo nuevos factores como la inversión privada, pues su participación deviene necesaria en el sistema a través de la obtención de concesiones para determinados servicios, como la construcción de complejos penitenciarios, el suministro de alimentos, de mantenimiento y un largo etcétera. Una participación de capitales privados que busque cooperar en la consecución de los fines que al sistema penitenciario le son inherentes.

El sistema judicial 

El hecho de que solo el 42% de la población carcelaria esté sentenciada nos lo dice todo sobre la celeridad del Poder Judicial. Una vez más es necesario fijarnos en los recursos con los que el país cuenta y el panorama no es muy alentador. El Perú cuenta únicamente con 2682 jueces, es decir, 8.8 por cada 100.000 habitantes, una escasez que se hace más visible si sometemos la ratio a comparación con la Unión Europea por ejemplo, que según el último informe de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (2012) tiene una media de 21,3 jueces por cada 100.000 habitantes. Un indicador que innegablemente influye en la carga laboral de los funcionarios y que consecuentemente afecta a la celeridad con la que se culminan los procesos judiciales. La dilación del tercer poder del Estado no se verá totalmente saneada solo con el aumento de funcionarios, sino que hemos de emprender una serie de reformas que coadyuven a la labor, como hacer de la meritocracia la principal premisa para la selección y la promoción de los funcionarios , reformar el marco legal de los procesos judiciales para hacerlos más dinámicos y reducidos –piénsese por ejemplo en diversificar los esfuerzos del enjuiciamiento criminal, una reforma en la que la fase de instrucción de los procedimientos penales sea responsabilidad del Ministerio Público y el cuerpo de seguridad del Estado–; y seguir paliando la enquistada corrupción que aqueja a nuestro Poder Judicial a través de la potenciación y diversificación de las herramientas con las que cuenta la Contraloría Anticorrupción. Buscar en resumen la eficiencia no significa tener un superávit de funcionarios sino más bien seleccionar y formar a los adecuados. 

Una reforma adecuada de los sistemas antes mencionados y su coordinación traerán consigo una mejora notable de la seguridad en el país. La misma que necesitamos para seguir creciendo como nación, pero fundamentalmente como individuos, pues los peruanos nos hemos visto reprimidos en el ejercicio de libertades fundamentales por culpa de una inseguridad permanente e intolerable, que ha sumado a sus tantas víctimas una grave pérdida de confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho. Algo que ha de preocuparnos sobremanera y significar nuestra inmediata reacción: Poner en marcha los mecanismos que la Ley nos otorga en pro de la estabilidad, aquella que tanto nos ha costado alcanzar.